Formosa: Intervención federal, o lucha y movilización popular

Formosa…

¿Intervención federal, o lucha y movilización popular?

Luego de la represión y asesinatos hacia las comunidades originarias en Formosa, las organizaciones que seguimos en la lucha por el juicio y castigo de los responsables intelectuales y materiales de los hechos, lidiamos con la consigna de los sectores “progres” del gobierno nacional que reclaman por la intervención federal de la provincia. Muchos otros sectores indígenas y sociales creyeron, inocentemente, que ese es el camino, pero… ¿Qué significa realmente la intervención federal?

El articulo 6 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: “El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.

Si bien vemos que la figura legal de intervención a las provincias se enmascara en el discurso jurídico como una garantía de funcionalidad del sistema político federal, entendemos que las intervenciones federales en la historia argentina se dieron en dos sentidos fundamentales.

A principios de los setenta, el gobierno de Lastiri y luego el de Perón, intervienen nueve provincias con el objeto de ‘sancionar’ a gobernadores provinciales que no se ajustaban a la política centralizada que los sectores dominantes y la ortodoxia peronista, consideraba más apropiada para la defensa del capital empresario y la reproducción de sus privilegios.

En provincias donde el movimiento obrero estaba muy organizado y avanzado en sus reclamos, el rol de la intervención iba en el otro sentido de reforzar el aparato represivo y así actuar como ‘domesticador’ y dique de contención de todas estas luchas (Córdoba, Tucumán, etc.)

Es claro que en este caso, ‘sancionar’ a Gildo implicaría castigar el propio modelo económico del gobierno. A su vez la propia dirigencia provincial es la que desde hace quince años ‘domestica’ a fuerza de burocracias y represión, a la clase obrera de la construcción, trabajadores, docentes y a sectores indígenas. Por eso creemos que independientemente de nuestra posición, existen elementos más que objetivos para aseverar que Cristina Kirchner (y el Congreso Nacional) no intervendrá la provincia de Formosa.

De cualquier manera e independiente de lo que efectivamente suceda, está claro que la solución al problema represivo y territorial no puede venir de la mano de aquellos que generaron las condiciones para que esto sucediese. El gobierno de los Kirchner fue y sigue siendo cómplice de lo que hace su alter-ego en la provincia. No solo por el silencio que mantuvo respecto a la represión en Navogoh (La Primavera), a la indiferencia ante reiterados reclamos a los organismos gubernamentales ubicados en el epicentro del país, sobre la muerte de 56 hermanos a causa del envenenamiento de las aguas, causas judiciales armadas, militarización de la zona, etc., sino, y principalmente, porque comparte el mismo modelo de desarrollo económico, el de la expansión de la frontera sojera  y otros monocultivos. La efectiva intervención federal operaria como remedio para el gobierno nacional, reduciendo el debate en torno a la “formosidad de Insfrán”, en paralelo a la “alemanidad de Hitler” con la cual la modernidad capitalista quedó exculpada de la atrocidad genocida.

El reclamo interventor es perverso. Por un lado equivaldría a ‘entregar’ mansamente la lucha colectiva y la experiencia acumulada, a las garras estatales que fueron las mismas que los despojaron de sus territorios y les quitaron la vida a sus hermanos. Por otro lado, encubre la real preocupación del gobierno que no es ponerle coto a la represión y persecución al pueblo qom, sino apaciguar y cooptar la lucha masiva y organizada de base.

Al gobierno “Nacional y Popular”, mirar para otro lado le salió caro. Ahora no saben como despegarse de la crisis desatada tras los muertos que causó la policía del gobernador K formoseño. Poner en pie un movimiento social que reclame por la intervención, solo serviría para seguir dándole aire al ala “progresista” de un gobierno sojero y asesino. Ese sector que intenta lavar con la mano izquierda toda la mugre que genera la mano derecha.

Sostener las posiciones de Delia y Bonafini es un escollo para la construcción de un movimiento indígena independiente del Estado, el Gobierno y sus expresiones políticas, que luche por la autodeterminación de las naciones originarias.

No podemos confiar en que la solución sea que el gobierno nacional ponga a dedo a un títere de sus filas políticas.

No debemos sembrar esperanzas en que los mecanismos institucionales y parlamentarios puedan dar respuesta a la masacre.

Exijamos con cortes de ruta, movilización en las calles, el juicio y castigo a todos los responsables. Asi como la renuncia inmediata de Insfrán y del intendente ultra-Kristinista de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, quien ordenó directamente la salvaje represión.

Solo la unidad de los pueblos originarios, campesinos pobres y obreros movilizándose, puede poner en pie un verdadero y legitimo grito de justicia.

LALACNAQOM

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