Las bandas armadas de
los terratenientes vuelven a reprimir en Santiago del Estero.
A 8 años de gobierno “nacional y popular”, la estructura
mafiosa y asesina que garantiza la impunidad y los grandes negociados
agropecuarios sigue intacta en provincias como Santiago del Estero y todo el
norte argentino. A un mes del asesinato de Cristian Ferreyra, las bandas de los
terratenientes volvieron a balear a dos jóvenes militantes campesinos, Nestor y
Ariel Palacios, cuando impedían el alambrado de sus tierras.
Como nos cuenta Diolinda Carrizo del MOCASE-VC, desde
Santiago para Nuestra Lucha, “los empresarios, envalentonados con la plata
fácil que rinde la soja y la ganadería, hacen y deshacen a su antojo sobre la
vida y la economía de miles de familias indígenas y campesinas, a la vez que
destruyen la biodiversidad, contaminan la tierra, e inyectan al mercado
alimentos que son un verdadero veneno”.
El fin del “juarismo”, ese largo gobierno semifeudal y
represivo que controló la provincia durante décadas, no significó el fin de los
desalojos, aprietes y asesinatos a las comunidades. Por el contrario, el gobierno
del kirchnerista Zamora continúa su línea y profundiza los ataques
terratenientes.
El reciente anuncio de la “Ley de Tierras” junto con el
“Plan Estratégico Agroalimentario”, legitima la concentración y el latifundio y
no resuelve el problema de la alimentación del pueblo sino que, por el
contrario, potencia la extensión de la frontera agrícola, legitima a los testaferros
de los Monsanto y Cia., y deja intacta la alianza entre las bandas armadas de
los terratenientes, intendentes, justicia y gobernación; verdadera estructura
garante de los negociados agropecuarios y agroforestales.
¿Problemas entre
vecinos?
Diolinda relata de manera detallada una historia de represión,
desalojo y desmonte, pero también de resistencia. Al igual que Cristian
Ferreira se organizó para enfrentar a los empresarios y políticos patronales
que se enriquecen a costa de indígenas y campesinos. “Desde hace años- nos
dice- denunciamos ante la justicia la presencia de bandas armadas en zonas como
Monte Quemado o Villa Matoque. Pero jueces como Sarría Fringes (que renunció el
jueves 20 de diciembre) jamás investigaron nada. A su vez, el jefe de gabinete
de la provincia presenció el accionar de estas bandas, pero desestimó nuestros
reclamos diciendo que respondía a problemas entre vecinos”.
Pero los que militamos este periódico Nuestra Lucha,
consideramos que la represión y los asesinatos de compañeros indígenas y
campesinos, lejos de ser un problema “vecinal” son parte del mismo ataque que
llevan adelante contra el conjunto de la clase trabajadora que combate en
fábricas y empresas el modelo kirchnerista. Los trabajadores y trabajadoras clasistas
debemos tomar en nuestras manos todas las demandas de los pueblos originarios y
campesinos, sellando una alianza de clase contra el estado capitalista.
Lalacnaqom, en el PTS, para Nuestra Lucha.
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