lunes, 9 de mayo de 2011

El “progresismo” burgués y nacional, tiene claros límites estructurales



El gobierno el 27 de abril de 2011 envió a la cámara de diputados para que se debata en el recinto el Proyecto de ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.

El mencionado proyecto consiste en limitar la venta de tierras rurales, entendidas estas como “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino” (Artículo 3º del anteproyecto). Los límites propuestos por el artículo 8 consisten en no superar el 20% de la titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional de personas, tanto físicas como jurídicas de nacionalidad extranjera, y una misma nacionalidad extranjera no debe superar el 30% del porcentual anteriormente mencionado. Por otro lado, el artículo 9 establece que cuando se trata de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1000 hectáreas.
El proyecto de ley kirchnerista sobre tierras rurales no cae del cielo. Surge con el objetivo de condensar otros proyectos anteriores. En el año 2008 el legislador de la Coalición Cívica, Omar Ruiz, presentó ante la Cámara de Diputados una ley contra la extranjerización de tierras. En 2011 el proyecto de Pablo Orsolini de la FAA modificaba los contratos agrarios y el arrendamiento. La ley K, retrocede a la cuestión de la propiedad agraria en los términos de nacionalidad en que lo planteaba el bloque legislativo de Carrió, dejando intacto el régimen de arrendamiento rural que favorece la concentración de tierras en manos de las grandes corporaciones y los pools sojeros.
Esta ley tiene el doble objetivo de frenar otros proyectos que planteaban una modificación a la tendencia a la concentración de las tierras, a la vez que guiñarle el ojo en un año electoral a lo que sí podríamos considerar la burguesía nacional del campo representada por la FAA, con quien se había enemistado en ocasión de la 125. Vemos las declaraciones de Buzzii en el sentido de que este proyecto significó “un triunfo” para la Federación que venía con esta propuesta desde hace bastante tiempo.
Por otra parte, las inversiones extranjeras y el negociado de las multinacionales podrá seguir acrecentándose, debido a que si el capital social es de titularidad de personas de nacionalidad extranjera en proporción no superior al 51%, las limitaciones no les son aplicables, según lo establecido por el artículo 3 del anteproyecto.
El Artículo 16 establece “La presente ley no afecta derechos adquiridos…” El argumento vertido por la presidenta en cadena nacional el miércoles 27 de abril fue “…es muy importante aclarar esto, porque si no fuese así, estaríamos afectando los derechos de quienes adquirieron las tierras de buena fe, con las reglas que estaban vigentes en aquel momento”. Al margen de cualquier principio de irretroactividad de la ley, nos queda claro que “no se cambian las reglas del juego” al no atacar a las corporaciones extranjeras latifundistas con inmensas extensiones de tierra (como Benetton, etc.), y las grandes empresas nacionales asociadas a capitales extranjeros.

Lejos está de una reforma agraria progresiva y más lejos aún de una ley de expropiación. Así como la reforma agraria lanzada por el MAS boliviano no toca los latifundios ya conformados históricamente, y se complementa con la trampa del Artículo 315 de la Constitución Plurinacional que permite que se conformen latifundios con cientos de miles de hectáreas, ya que como personas jurídicas -léase empresas capitalistas- el límite es de 5000 hectáreas por socio, el proyecto de ley del gobierno argentino no solo no afecta los latifundios ya establecidos, ni la penetración de capitales imperialistas desde la sanción de la ley en adelante, sino a diferencia de la ley de Evo Morales, plantea la cuestión en términos chauvinistas y pseudo-nacionalistas.
Por eso están claros los límites del progresismo K. Frente al imperialismo capitalista, los límites de la burguesía nacional son claros. Sólo la clase obrera organizada de forma nacional e internacional, en conjunto con las masas explotadas puede plantear una oposición real.



De cara a la cuestión indígena… ¿Esta es la libre determinación de los pueblos?

Entre los fundamentos vertidos, se menciona el derecho a la libre determinación de los pueblos, expresando que “Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos…”

El mismo Estado Nacional invoca para sí un derecho establecido en El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado con jerarquía constitucional a la Constitución Nacional a través del Artículo 75 inc. 22, luego de la reforma constitucional de 1994. Y este derecho significa, como el mismo pacto lo establece, que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales… en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Durante la formación del Estado Argentino, dentro del fenómeno de conformación de Estado Nacionales que permitió el avance del capitalismo como modo de producción, se aplicaron políticas económico-raciales de eliminación de pueblos originarios, esclavizándolos o desplazándolos de sus tierras para devenir en mano de obra esclava, quedando totalmente relegado el derecho a la libre determinación nacional. En el marco de un feroz genocidio étnico-nacional indígena, las comunidades originarias han sido victimas de genocidios silenciados, como Napalpi (Chaco), en donde en 1924 asesinan a 800 qom y moqoits en el contexto de una huelga algodonera, o Rincón Bomba (Formosa) en 1947, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, 1000 pilagás pierden la vida luego de protagonizar una larga marcha al ingenio El Tabacal propiedad de Patrón Costas y enfrentarse a la Gendarmería Nacional.

Hoy -como ayer- en la agenda actual del Gobierno no interesa en absoluto la autodeterminación de las naciones oprimidas. Reconocer que las naciones realmente se autodeterminen como pueblo implicaría reconocerles grandes extensiones de ese recurso estratégico no renovable que son las tierras y sus correspondientes recursos naturales. Queda demostrado, a través de los desalojos, represiones y asesinatos, que los intereses patronales del gobierno antagonizan esta histórica reivindicación. Como bien dijo el compañero qom Viyen Leiva “Devolver la tierra es algo difícil que hagan… ellos consideran que las tierras son de los terratenientes, porque aportan a su capital, en cambio el indígena qué puede aportar… ingreso económico va a ser difícil, porque el indio no mercantiliza el monte”.

Recordemos que el Gobierno Nacional, en el marco de su “política bicentenaria” organizó tres columnas originarias desde Neuquén, Formosa y Jujuy que confluían en una reunión con CFK. Con ello -y parodiando la larga marcha indígena de 1946 (“el malón de la paz”) que reclamó al gobierno peronista la devolución de sus territorios y culminó con la represión estatal en su vuelta a Jujuy- pretendió integrar el movimiento indígena al proyecto de conciliación de clases a nivel nacional, cuando todo un frente de organizaciones indígenas organizaba un contrafestejo en Plaza Congreso. Durante el conflicto Qom comunidad La Primavera, de manera perversa la presidenta privilegió los lazos con el modelo de Insfrán antes que recibir a los Qom durante los cinco meses de acampe, y omitió pronunciarse sobre las muertes de los luchadores Mario y Roberto López, socavando de lleno su peculiar discurso sobre los derechos humanos.

Por otro lado, la ley de emergencia territorial 26.160 del año 2007, que ordena la suspensión de desalojos de las tierras de las comunidades originarias, y la realización en cada una de las provincias de un relevamiento de los territorios ocupados tradicionalmente por dichas comunidades, devino en un mito. Dicha ley ha sido prorrogada en el año 2009, y aún hoy en provincias como Formosa se siguen desalojando y reprimiendo a las comunidades. Ni siquiera el ICA –“sucursal” del INAI en Formosa- se encargó de implementar esta ley a través de su equipo técnico operativo que debería estar trabajando con el relevamiento territorial para frenar los desalojos judiciales. Sumado a una enorme falencia de raíz de la ley en cuestión que utiliza el concepto de tierras y no de territorio, lo que implica que quedaría fuera del debate los recursos naturales.

Es notorio como el actual discurso nacionalista patriótico burgués, el mismo que incineró la conciencia de clase con la macabra intentona de conciliar la clase obrera con la burguesía, deshistoriza la reivindicación de la libre determinación de los pueblos. Develar y denunciar este falso discurso utilizado en la construcción de hegemonía política garante del mantenimiento de relaciones capitalistas, es una de las tareas de mayor importancia.

Muchas de las empresas que hoy están despojando a los originarios de sus tierras, y que no son afectadas por el proyecto de ley, son empresas nacionales – como los emprendimientos agropecuarios en las provincias de Formosa y Chaco de Eurnekian- y con capitales mixtos como Bunge y Born que dispone de cien mil hectáreas en las fronteras del territorio libre indígena en Chaco, de 150 mil hectáreas reconocidas durante el gobierno radical de Alvear.

En un tema tan estructural como la tierra quedan desplazados los indígenas. Gana el chauvinismo protector de grandes burgueses nacionales proimperialistas y de sus inversiones. Mientras gobierne la burguesía nacional, el imperialismo siempre va a penetrar, porque de ella se alimenta.


LALACNAQOM