viernes, 23 de diciembre de 2011

A un mes del asesinato del militante del MOCASE, Cristian Ferreyra


Las bandas armadas de los terratenientes vuelven a reprimir en Santiago del Estero.

A 8 años de gobierno “nacional y popular”, la estructura mafiosa y asesina que garantiza la impunidad y los grandes negociados agropecuarios sigue intacta en provincias como Santiago del Estero y todo el norte argentino. A un mes del asesinato de Cristian Ferreyra, las bandas de los terratenientes volvieron a balear a dos jóvenes militantes campesinos, Nestor y Ariel Palacios, cuando impedían el alambrado de sus tierras.

Como nos cuenta Diolinda Carrizo del MOCASE-VC, desde Santiago para Nuestra Lucha, “los empresarios, envalentonados con la plata fácil que rinde la soja y la ganadería, hacen y deshacen a su antojo sobre la vida y la economía de miles de familias indígenas y campesinas, a la vez que destruyen la biodiversidad, contaminan la tierra, e inyectan al mercado alimentos que son un verdadero veneno”.

El fin del “juarismo”, ese largo gobierno semifeudal y represivo que controló la provincia durante décadas, no significó el fin de los desalojos, aprietes y asesinatos a las comunidades. Por el contrario, el gobierno del kirchnerista Zamora continúa su línea y profundiza los ataques terratenientes.

El reciente anuncio de la “Ley de Tierras” junto con el “Plan Estratégico Agroalimentario”, legitima la concentración y el latifundio y no resuelve el problema de la alimentación del pueblo sino que, por el contrario, potencia la extensión de la frontera agrícola, legitima a los testaferros de los Monsanto y Cia., y deja intacta la alianza entre las bandas armadas de los terratenientes, intendentes, justicia y gobernación; verdadera estructura garante de los negociados agropecuarios y agroforestales.

¿Problemas entre vecinos?
Diolinda relata de manera detallada una historia de represión, desalojo y desmonte, pero también de resistencia. Al igual que Cristian Ferreira se organizó para enfrentar a los empresarios y políticos patronales que se enriquecen a costa de indígenas y campesinos. “Desde hace años- nos dice- denunciamos ante la justicia la presencia de bandas armadas en zonas como Monte Quemado o Villa Matoque. Pero jueces como Sarría Fringes (que renunció el jueves 20 de diciembre) jamás investigaron nada. A su vez, el jefe de gabinete de la provincia presenció el accionar de estas bandas, pero desestimó nuestros reclamos diciendo que respondía a problemas entre vecinos”.

Pero los que militamos este periódico Nuestra Lucha, consideramos que la represión y los asesinatos de compañeros indígenas y campesinos, lejos de ser un problema “vecinal” son parte del mismo ataque que llevan adelante contra el conjunto de la clase trabajadora que combate en fábricas y empresas el modelo kirchnerista. Los trabajadores y trabajadoras clasistas debemos tomar en nuestras manos todas las demandas de los pueblos originarios y campesinos, sellando una alianza de clase contra el estado capitalista.

Lalacnaqom, en el PTS, para Nuestra Lucha.